En 2022, el Ministerio español de Derechos Sociales y Agenda 2030 solicitó a la Comisión Europea y a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ayuda técnica para apoyar el proceso de reforma de los servicios sociales.
La motivación fundamental de la reforma es que los servicios sociales en España se enfrentan a una serie de problemas, como el aumento de la demanda debido al envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares, la creciente desigualdad y los cambios en el mercado laboral.
Por ello, la reforma se ha centrado específicamente en modernizar y mejorar el marco nacional y el sistema de información de los servicios sociales.
El 18 de octubre, la OCDE organizó en Madrid una conferencia de alto nivel en la que se reunieron representantes de los ministerios competentes, expertos en servicios sociales y funcionarios regionales de alto nivel para presentar las conclusiones y sugerencias sobre la situación actual de los servicios sociales en España.
Las decisiones se ampliaron y tomaron su forma definitiva, implicando a los nuevos residentes y a los expatriados que viven en España, y esta semana se ha aprobado una nueva ley de servicios sociales. El principal resultado de la ley es que, independientemente del tiempo que un residente lleve oficialmente empadronado en España, la ley garantizará el acceso a los recursos básicos tanto a los españoles como a los extranjeros.
Después de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley, quedará clara la lista de servicios esenciales que los gobiernos regionales deben prestar a todos los ciudadanos.
¿Qué Promete la Nueva Reforma de los Servicios Sociales Internacionales en España?
En primer lugar, el proyecto de ley deja muy claro que todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros y los nuevos residentes,tendrán acceso a los servicios y prestaciones sanitarios básicos incluidos en el catálogo de prestaciones y servicios esenciales, independientemente de su situación administrativa.
Aunque pasen mucho tiempo fuera de su ciudad, los ciudadanos podrán seguir accediendo a estos servicios centrales y comunitarios.
Se trata de un paso importante para el sistema sanitario en España, ya que implica que todas las personas tienen derecho a disponer de las prestaciones y servicios que prevé la ley, en igualdad de condiciones, independientemente del lugar del territorio español en el que residan.
Con este movimiento de reforma, España da más seguridad a los inversores extranjeros que quieren invertir en bienes inmuebles y establecerse en España.
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